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Internet y las nuevas tecnologías se han convertido en un medio fundamental para buscar información, algo clave para muchas personas con discapacidad, en especial jóvenes, que quieren ponerse en contacto con entidades e instituciones que les puedan ayudar.
Por esta razón, la Comisión de Juventud Sorda de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha decidido renovar su página web con un diseño y una imagen más moderna y accesible.
El objetivo es que este portal sea una vía de difusión que permita dar visibilidad al movimiento asociativo juvenil.
Así, a través de esta página se centralizará la información que generen las secciones juveniles de las organizaciones que forman parte de la confederación, siendo visible en todo tipo de dispositivos independientemente de la tecnología utilizada.
Además, el portal servirá como un impulso para la utilización y la comunicación de la entidad a través de otros canales como las redes sociales.
La sede judicial electrónica permite ya la presentación online de los procedimientos monitorios, una fórmula judicial para reclamar impagos, que no precisa de la intervención de un abogado o de un procurador. Es una de las últimas funcionalidades incorporada a la sede judicial electrónica gallega, que desde octubre de 2016 está accesible en el enlace https://sede.xustiza.gal y a través del portal xustiza.gal,
La presentación telemática de procedimientos monitorios comenzó a implantarse este año en los órganos judiciales de Vigo y A Coruña y, actualmente, ya está habilitada en todos los partidos judiciales para los procedimientos monitorios de las jurisdicciones civil o social. La sede judicial electrónica ofrece a los ciudadanos otros servicios como la posibilidad de consultar los expedientes judiciales de los que son parte y comprobar la autenticidad e integridad de documentos electrónicos emitidos por la Administración de Justicia en Galicia.
También están accesibles en la sede judicial electrónica la agenda de señalamientos de vistas, el calendario de guardias, la calculadora de tasas judiciales o el censo de letrados. El objetivo es que la sede se consolide como canal único para todas las actuaciones, procedimientos y servicios del ámbito judicial.
Plan Senda
La puesta en marcha de la sede judicial electrónica fue uno de los hitos previstos en el Plan Senda 2020, que está desarrollando la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) en colaboración con la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia y los profesionales del campo judicial.
Con un presupuesto de más 26,6 millones de euros el Plan Senda 2020 es la estrategia para consolidar el trabajo previo realizado en el Plan Senda 2014 y que sentó las bases del Expediente Judicial Electrónico en Galicia, donde están en marcha todas las piezas que permitirán una justicia íntegramente digital.
Una de las piezas angulares de esa justicia sin papeles es el repositorio unificado judicial que centraliza, en un punto único, toda la información judicial, datos y documentos, generada diariamente en la tramitación procesal de cualquier procedimiento en cualquier órgano judicial. Este repositorio permite la consulta de casi nueve millones de procedimientos y 16 millones de documentos online
En los últimos años se pusieron a disposición de los profesionales de la justicia diferentes soluciones para facilitar la digitalización de sus funciones y cuyo uso se está intensificando. Así, en el primer semestre del año se firmaron digitalmente más de 283.000 documentos, cuatro veces más que los firmados durante el mismo período del año pasado. Las consultas al Visor del Expediente Electrónico Judicial entre enero y junio ascendieron la cerca de 22.000, el doble que en el mismo período del año pasado.
En cuanto al equipamiento que facilita la implantación de las salas de vistas digitales, hay que recordar que cerca del 90% de las salas de vistas de Galicia disponen de sistema de grabación de vistas con firma digital eFidelius y todos los órganos judiciales cuentan con sistema de videoconferencia.
El Gobierno central aprobó la semana pasada una partida de 394 millones de euros para impulsar con ayudas proyectos de Investigación y Desarrollo al amparo de las dos principales convocatorias de la materia: por una parte I+D Generación de Conocimiento, dotada con 125,5 millones de euros, y por la otra I+D+i Retos Investigación, que tendrá una financiación de más de 268 millones de euros. Las convocatorias serán publicadas en el BOE en los próximos días y el plazo de presentación de solicitudes comenzará en septiembre. Se apoyarán proyectos de economía digital, transporte inteligente o eSalud.
La Agencia Estatal de Investigación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, gestiona ambas convocatorias, que representan, en sus palabras, "las más importantes ayudas en España para proyectos de I+D y de las que pueden ser beneficiarios las universidades, los centros públicos y los centros privados sin ánimo de lucro". Respecto a la segunda convocatoria, viene con una cuantía de 268,2 millones de euros para ayudas a proyectos cuyo objetivo sea contribuir a resolver aspectos de ocho grandes retos sociales recogidos en la estrategia estatal del Gobierno en materia de innovación, ciencia y tecnología. En estos desafíos están incluidas iniciativas de eSalud y envejecimiento activo, energía segura y sostenible, transporte smart y sostenible, acciones contra el cambio climático o economía y sociedad digital. En lo que atañe a la otra convocatoria, I+D Generación de Conocimiento, ponen en juego una cuantía de 125,5 millones para ayudas a proyectos de investigación sin orientación temática previamente definida y motivados, se explica, "por la curiosidad científica que tengan como objetivo principal a generación de conocimiento y su avance, con independencia del horizonte temporal".
La secretaria general de Empleo, Covadonga Toca, visitó hoy en la Ciudad de la Cultura la empresa Emérita Legal, que se emplaza en el Centro de Emprendimiento del Gaiás, donde conoció la actividad que desarrolla la compañía basada en un comparador cualitativo de abogados con datos objetivos de casos reales a través de una plataforma tecnológica.
Toca destacó la importancia de apoyar en Galicia el talento y, de este modo, recordó que la Xunta tiene en marcha en este ámbito diversos mecanismos como el programa de apoyo a las iniciativas de empleo de base tecnológica (IEBT), cuyo plazo de solicitud acaba el 1 de octubre. De hecho, la empresa Emérita Legal fue beneficiaria este año de estos apoyos con los que se pretende dinamizar la vocación emprendedora de la comunidad universitaria y aprovechar el potencial empresarial de las personas dedicadas a la investigación y con amplios conocimientos de las nuevas tecnologías.
Los beneficiarios de estas ayudas son las empresas y autónomos que se constituyan e inicien su actividad en un plazo no superior a un año desde que el proyecto empresarial fue calificado como IEBT. Se conceden ayudas a la creación directa de empleo estable (entre 6000 y 10.000 euros en función de la edad y de la titulación); para la contratación de personal técnico de alta calificación (con un límite máximo de 18.000 euros); y para la puesta en marcha del proyecto empresarial, donde los apoyos oscilan entre los 10.000 y 24.000 euros, en función de los empleos estables y financiados durante el primer año de actividad.
En el caso de las ayudas a la creación directa de empleo estable, los apoyos pueden aumentar en un 25% en el caso de ser mujer, pertenecer a un ayuntamiento emplazado en el rural, ser mayor de 45 años o ser emigrante retornado.
Esta actuación, según explicó Toca, está enmarcada en la línea que sigue el Gobierno gallego para impulsar en Galicia el emprendimiento a través de la innovación y las nuevas tecnologías. Se trata, en definitiva, con estas ayudas de consolidar la recuperación económica en Galicia.
El CCN-CERT ha hecho público su Informe de Buenas Prácticas en Redes Sociales en la que recoge algunos de los principales riesgos aparejados al uso de este tipo de herramientas de comunicación utilizados por el 42% de la población mundial (3.196 millones de personas). Entre estos riesgos, el documento señala los casos de Ingeniería social, robo o suplantación de identidad, ciberacoso o cyberbullyng, perjuicio reputacional, publicidad dañina o engañosa, criminalidad en el mundo físico o distribución de malware (phishing y pharming).
Para hacer frente a estos riesgos, el Informe aboga por un uso inteligente de las redes sociales que no dista demasiado del uso responsable que cualquier persona adoptaría en el espacio físico. Así, reúne una serie de buenas prácticas que comienzan en el preciso momento en el que se define la identidad en el ciberespacio, y teniendo en cuenta que esta definición quedará archivada en los hipervínculos de internet para siempre. Por este motivo, el documento recalca que la cantidad de detalles personales disponibles en el ciberespacio incrementa el riesgo de que sean utilizados maliciosamente: a mayor disponibilidad de datos, mayor probabilidad de utilización ilícita con intenciones dañinas.
El siguiente paso en el que se centra el Informe sería la protección y el acceso al perfil a través de contraseñas robustas y con doble factor de autenticación; la revisión cuidadosa de las normas de privacidad de cada red social, tanto en lo que se refiere al perfil, como al contenido compartido (siendo conscientes de que, una vez transmitido un contenido, el usuario pierde el control sobre el mismo), la gestión de las relaciones, contactos y amigos y la adopción de una cultura personal de ciberprotección.
Decálogo de recomendaciones
Al igual que los otros nueve informes de buenas prácticas elaborados por el CCN-CERT y destinados a todo tipo de público, el documento recoge un decálogo de recomendaciones muy útiles para adoptar un uso seguro de redes sociales.