La Xunta apuesta por el fomento de la ciberseguridad en las instituciones, las empresas y en el conjunto de la sociedad a través de un decálogo de medidas de colaboración entre administraciones y con los sectores privados en las que invertirá 18 millones de euros. Un ejemplo de esta cooperación es el Nodo CIBER.gal, la primera estructura de colaboración público-privada en la materia en España que une sus fuerzas y recursos para identificar, diseñar y ejecutar acciones para hacer frente a las amenazas cibernéticas.
Así lo afirmaron el director general de Justicia, José Tronchoni, y el director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) Julián Cerviño, en la apertura de la XI Jornada de Informática Judicial y Delitos Informáticos IuristicGal2022, organizada por el Colegio Profesional de Ingeniería Técnica en Informática de Galicia con el apoyo del Gobierno gallego.
En su intervención, el director general de Justicia destacó la labor desarrollada por la Xunta "en una transición digital rápida e idónea a las necesidades de la ciudadanía que permita mejorar las medidas preventivas y la capacidad de respuesta ante ciberataques". El objetivo es ser, en el horizonte de 2030, "referente internacional en la materia tanto a nivel académico e investigador como empresarial y comercial". En esta línea se refirió a la importancia del Centro de Excelencia de Ciberseguridad de Galicia que implicará una inversión para su puesta en marcha de unos 3,5 millones de euros.
El director general incidió en la preocupación creciente tanto entre las autoridades judiciales y policiales como entre la ciudadanía por la ciberdelincuencia. Para Tronchoni, se trata de "nuevas formas de criminalidad difíciles de perseguir y que requieren de un esfuerzo constante para dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la Administración de Justicia de los recursos precisos y de profesionales cualificados".
Por su parte, el director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia recordó que "hace más de diez años pusimos en marcha una ambiciosa iniciativa para la digitalización de la justicia, que se materializó a través de los planes Senda 2014 y Senda 2020." Una década en la que Galicia reforzó las infraestructuras tecnológicas en el ámbito judicial; implantó los sistemas de gestión procesal para jueces, letrados, empleados públicos y fiscales así como la firma digital en todos los órganos judiciales; puso en marcha todas las piezas del expediente judicial electrónico; desarrolló una red de videoconferencias que da servicio a todos los órganos judiciales y fue la primera comunidad en poner en marcha la sede electrónica judicial.
El máximo responsable de la Agencia autonómica destacó ahora "queremos lograr la consolidación digital de la justicia, para hacerla más próxima a la ciudadanía con capacidad para ofrecer unos servicios más personalizados y adaptados a sus necesidades". Y con estos objetivos está en marcha el III Plan Senda 2025 con una inversión de más de 43 millones de euros, un 68% más que los planes anteriores que, entre otras medidas, permitirá completar la digitalización del 100% de salas de vistas planta judicial gallega y potenciar los actos procesales en remoto; evolucionar la Sede Judicial Electrónica e incrementar el número de servicios disponibles o impulsar la estrategia del dato y automatización para que la gestión de la información facilite la mejora y la calidad del servicio.
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